La disputa judicial por la reforma laboral sumó un capítulo decisivo y consolidó un giro central en el expediente: la exclusión definitiva de la Justicia del Trabajo de la causa impulsada por la CGT. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda que remita el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, y dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”.
La resolución, a la que tuvo acceso Infobae, no solo reafirma lo decidido el 28 de abril —cuando el tribunal dispuso que el caso debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal—, sino que además expone de manera directa el incumplimiento del magistrado laboral, que hasta ahora no había remitido las actuaciones.
El texto es categórico. En el apartado “Autos y Visto”, la Cámara advierte que interviene “en atención a lo informado por la jueza de grado en relación con el incumplimiento del juez del trabajo en torno a la decisión de este Tribunal, del 28/4/26”, y subraya que, dado que el conflicto de competencia ya fue saldado, corresponde ordenar la remisión inmediata del expediente.
En ese marco, el tribunal dispuso: “requiérase a este último la remisión de la causa […] en el plazo de 24 horas”. La orden incluye la habilitación de días y horas inhábiles, una herramienta procesal excepcional que se utiliza cuando se busca evitar demoras y asegurar el cumplimiento urgente de lo dispuesto por la alzada.
El mensaje es doble. Por un lado, clausura cualquier margen de discusión sobre el fuero competente. Por otro, marca un límite explícito frente a la resistencia del juez laboral a acatar lo resuelto por la instancia superior.
Detrás de este movimiento judicial hay una estrategia coordinada por la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa jurídica del Gobierno. Bajo la conducción de Sebastián Amerio, la PTN tuvo un papel central en el planteo de inhibitoria que permitió trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal y en la ofensiva para revertir el escenario inicial adverso.
Según pudo saber Infobae, el Gobierno —a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración— había solicitado formalmente que se levantara la medida cautelar dictada por Ojeda, que suspendió más de 80 artículos de la ley de reforma laboral. Ese pedido se presentó ante el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la estrategia de discutir la validez de la norma en un ámbito con competencia federal.
La Procuración del Tesoro también cuestionó el desarrollo del expediente en la Justicia del Trabajo, donde consideró que se habían vulnerado garantías procesales básicas. Entre otros puntos, objetó la exclusión del organismo del patrocinio en la causa laboral, el rechazo de planteos de nulidad e inhibitorias y la negativa a remitir el expediente pese a las órdenes dictadas por la Cámara.