Aunque no fue el resultado que esperaba, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el financiamiento universitario no preocupó al Gobierno, que ya había alcanzado un acuerdo con rectores y sindicatos para hacer frente a una parte de los aumentos, que ahora está obligado a pagar, mientras continuará discutiendo el resto de la norma en los tribunales.
La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no cayó bien entre las autoridades nacionales, quienes apenas conocieron la noticia empezaron a analizar las opciones restantes.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, luego de una conversación de la mesa judicial del oficialismo, se determinó que lo único que le queda por hacer al Poder Ejecutivo en este contexto es “esperar a que se defina todo en primera instancia”.
Para esto, se apoyan en un detalle importante: el máximo tribunal no falló respecto de la ley entera, sino solamente sobre una cautelar que pesaba sobre los artículos 5 y 6 de la misma.
El reclamo original, impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas casas de estudio, era para declarar inconstitucional el decreto 759/2025, por el cual el Gobierno dispuso que la norma queda suspendida hasta que el Congreso detalle de dónde saldrán los fondos para hacer frente a los gastos que no estaban previstos en el Presupuesto.
Sin embargo, mientras avanzaba ese expediente, la justicia en lo contencioso administrativo federal impuso una cautelar para que las autoridades vayan cumpliendo con algunos de los incrementos, al entender que el paso del tiempo podía afectar el poder adquisitivo de los eventuales beneficiarios,