La Legislatura de Jujuy aprobó ayer la reforma de su Ley Orgánica del MPA N° 6363, mediante la sanción de la Ley N° 6501, introduciendo las modificaciones que propuso el Procurador General Alejandro Bossatti, que están orientadas a optimizar el funcionamiento institucional y la administración de justicia.
La iniciativa incorpora cambios en la organización y competencias del organismo, con el objetivo de mejorar la articulación con la Corte de Justicia, fortalecer el rol de los fiscales y garantizar mayor eficiencia en la tramitación de las causas. En este sentido, el Procurador General de la Acusación Alejandro Bossatti, señaló que “entre lo más importante está la actualización de las funciones de la Procuración, con algunas limitaciones”. Entre otros puntos, establece una delimitación más precisa de las intervenciones de la Procuración en causas no penales, disponiendo que solo se emitan dictámenes en aquellos casos en los que exista un interés público comprometido.
“Se evita que todas las causas vayan a dictamen, cuando algunas no tienen que ver con cuestiones de interés público o de orden público”, explicó el titular del organismo, y agregó que esta medida “agiliza la tramitación de las causas”. Asimismo, la normativa redefine el rol de los fiscales regionales, otorgándoles por ley más facultades que la disponibilidad de la acción penal. “No solamente pueden intervenir como cualquier fiscal, sino que también pueden ir a juicio, intervenir en audiencias, y esto va a permitir que no se suspendan audiencias por superposición”, indicó Bossatti, destacando que la medida busca dar mayor dinamismo al sistema acusatorio.
Otro de los aspectos incorporados es la modificación del régimen sancionatorio, estableciendo que las sanciones no podrán aplicarse sin que se encuentren firmes. En ese marco, el Procurador precisó que “antes se imponía la sanción y después se tramitaba el sumario; ahora, hasta que no se complete todo el procedimiento, no se puede aplicar la sanción”. La reforma también introduce cambios en la Auditoría de Gestión, que dejará de tener un enfoque exclusivamente sancionatorio para incorporar funciones orientadas al control de calidad y mejora de los procesos. “La idea es que pueda detectar errores o demoras en los procesos, para corregirlos y lograr una mejor gestión”, explicó.
Finalmente, se dispone la transferencia del laboratorio de genética forense al Poder Judicial, en función del volumen de trabajo vinculado a causas civiles. No obstante, se prevé la celebración de convenios que permitan establecer prioridades cuando se trate de investigaciones penales. El Procurador General remarcó que los cambios “apuntan a mejorar el servicio del Ministerio Público de la Acusación y la administración de justicia”, en el marco de una adecuación normativa acorde a las demandas actuales del sistema.