El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.
Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.
Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.
Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.