La relación entre el Gobierno y la CGT es mala, pero no tanto como para que se concrete el quinto paro general contra Javier Milei. El último se hizo el 19 de febrero pasado y el plan de lucha que la cúpula cegetista realiza con las dos CTA desde el 22 de julio no contempló ninguna huelga e incluyó hasta ahora 4 movilizaciones con participación testimonial, a las que ahora se sumó otra concentración el jueves próximo en defensa de la industria y un acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria que se hará el 15 de este mes.
En la cabeza de los jefes cegetistas se despliega un tablero lleno de desafíos y complicaciones. Los referentes del sector dialoguista siguen explicando en privado que “aún no hay clima social” para impulsar una nueva paralización total de actividades. Saben que crece el malestar por el deterioro de algunos índices económicos y laborales, pero no están seguros de que eso garantice el éxito de otro paro general: sus bases son renuentes a que les descuenten un día de trabajo o a perder el presentismo y, obviamente, muchos temen que la adhesión a una huelga los lleve al despido.
Además, un acatamiento dispar al paro general también dejará al sindicalismo en una posición de debilidad ante el PJ en un momento clave: está en juego la interna del peronismo en la que se definirán la candidatura presidencial y las listas legislativas para 2027, donde la CGT espera tener por fin un papel protagónico.
Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo de Julio Cordero Claudia Testa, la funcionaria saliente, con el secretario de Trabajo, Julio Cordero Pero, ¿qué político se asociará para el trazado electoral a un poder sindical que no puede hacer un paro general que verdaderamente arrincone a Milei y lo obligue a rectificar sus políticas? Es una de las dudas que los carcome.
En ese escenario tan complejo, la CGT pudo acordar en julio pasado con el Gobierno una serie de correcciones a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que había perjudicado a los sindicatos en puntos clave para su financiamiento. Así surgió el decreto 612, que dejó a salvo la caja sindical, y graficó una etapa del oficialismo más predispuesta a la negociación a partir de la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.