La persistencia de las presiones inflacionistas y el deterioro del contexto internacional han colado la estanflación en la conversación sobre las perspectivas económicas. De hecho, el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas (CGE) refleja que casi dos de cada tres economistas consideran alta o muy alta la probabilidad de que España entre en este escenario durante 2026. Aunque los principales indicadores siguen mostrando una economía que crece por encima de la media de la eurozona y un mercado laboral resiliente, la posibilidad de este fenómeno plantea uno de los mayores desafíos para la política económica.
El término, estanflación, tiene historia. Surgió en el Parlamento británico a mediados de los años 60 del siglo pasado, pero fue en la década de los 70 cuando los economistas lo adoptaron de forma generalizada, desconcertados ante un fenómeno que sus modelos no contemplaban: la inflación podía dispararse al mismo tiempo que el empleo se hundía. La definición es sencilla —inflación elevada con crecimiento bajo o negativo—, pero el problema que describe es de los más resistentes a la política económica. Las herramientas disponibles, como subir o bajar los tipos de interés, permiten atacar la inflación o estimular la actividad económica, pero no las dos cosas a la vez. Subir los tipos de interés enfría los precios, pero frena también la inversión y el consumo. Bajarlos reactiva la economía, pero puede disparar aún más los precios. El dilema se agudiza cuando la inflación proviene de la oferta, como el encarecimiento de la energía tras el estallido de la guerra en Irán, y no de un exceso de demanda, porque en ese caso la política monetaria tiene un alcance limitado.
El punto de partida español
Aunque la posibilidad de evolucionar hacia un escenario como este comienza a preocupar a los economistas, varios indicadores señalan que España se encuentra aún lejos de un episodio de estanflación. El PIB aumentó un 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026, el mercado laboral alcanzó en mayo un récord de 22,34 millones de afiliados a la Seguridad Social y el país crece a un ritmo tres veces superior que el conjunto de la zona euro. La inflación, además, es todavía moderada comparada con los niveles que el país registró hace apenas unos años.
Pese a ello, hay señales que merecen atención. La inflación subyacente supera el objetivo del BCE. Los salarios reales acumulan una pérdida sostenida de poder adquisitivo. La contratación, pese a los buenos datos de afiliación, mantiene una estructura frágil. Los precios de la vivienda, que subieron un 5,7% en términos anuales en 2025, presionan la inflación doméstica. Y el déficit y la deuda pública reducen el margen de maniobra fiscal. “Si todos estos elementos persisten de forma simultánea, el riesgo de que desemboquemos en una situación estanflacionaria aumenta”, advierte Francisco Cortés, profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).