El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, sin embargo, referentes y pobladores de la zona señalaron que la medida se ejecutó a pesar de graves irregularidades previas, como la utilización de planos con errores técnicos reconocidos por organismos provinciales y sin respetar el derecho a la posesión comunitaria de la tierra.
Previo a concretar la expulsión de las familias de sus tierras ancestrales, efectivos de la policía provincial desplegaron un fuerte operativo que derivó en momentos de extrema tensión y represión. Integrantes de la comunidad criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad: «En vez de cuidarnos, nos reprimen con palos y balas», manifestaron con indignación ante el saldo de personas heridas y la situación de vulnerabilidad en la que quedaron niños, adultos mayores y trabajadores locales.