El abogado Carlos Espada, representante legal de un grupo de trabajadores despedidos de la empresa de transporte Santa Ana, brindó detalles sobre las denuncias penales impulsadas por los ex empleados, quienes aseguran haber sido víctimas de amenazas y presuntas irregularidades tras reclamar diferencias salariales.
Según explicó el letrado, los hechos denunciados se remontan al 30 de marzo, cuando aproximadamente siete trabajadores fueron convocados a una oficina de la empresa. Allí, de acuerdo al relato expuesto ante la Justicia, se les habría exigido desistir de un reclamo salarial ya iniciado.
“ A los trabajadores se les dijo concretamente que debían abandonar ese reclamo o se iban a quedar sin trabajo ”, sostuvo Espada. Además, indicó que también les advirtieron que no conseguirían empleo en el futuro debido a que Santa Ana y la empresa Urbano serían las únicas prestadoras del servicio de transporte urbano de pasajeros, situación que posteriormente terminó concretándose tras los procesos licitatorios.
El abogado señaló que, ante reiteradas situaciones similares, los trabajadores decidieron registrar aquella reunión mediante una grabación de audio, material que luego fue incorporado como prueba en la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de amenazas. No obstante, Espada cuestionó el accionar judicial debido a que la causa fue archivada en una primera instancia. “ Presentamos una oposición porque entendíamos que existían fundamentos suficientes para continuar investigando”, expresó. En ese contexto, explicó que desde la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación se consideró que el archivo de la denuncia había sido “ prematuro ”, principalmente porque ni siquiera se había escuchado el audio aportado por los denunciantes. Posteriormente, tras volver a presentar el material probatorio, la causa fue nuevamente archivada.
“ Hemos planteado que existió un prejuzgamiento al considerar que en este contexto laboral no había amenazas” , afirmó el abogado, quien además sostuvo que, conforme al Código Procesal, podría haberse dispuesto la continuidad de la investigación con otro fiscal. Por otra parte, Espada reveló nuevas irregularidades denunciadas por los trabajadores despedidos al momento de intentar acceder al fondo de desempleo ante Anses. Según detalló, los ex empleados fueron informados de que no podían acceder al beneficio porque figuraban como receptores de liquidaciones millonarias de entre 10 y 20 millones de pesos.
“Eso es absolutamente falaz. Es una mentira porque nunca habían cobrado esos montos” , aseguró el letrado. Tras demostrar ante el organismo nacional que dichas sumas nunca fueron percibidas, los trabajadores finalmente pudieron acceder al fondo de desempleo, aunque cobrando el monto mínimo debido a las declaraciones registradas.
Espada remarcó que las declaraciones presentadas ante Anses poseen carácter de declaración jurada y sostuvo que la situación también fue denunciada ante el Ministerio Público de la Acusación, donde aguardan avances en la investigación. Finalmente, indicó que la definición sobre la denuncia por amenazas quedó ahora en manos de la Procuración General del MPA. “ Esperamos que durante esta semana o la próxima exista una resolución sobre este planteo ”, concluyó.